México en su proceso de desarrollo industrial se ha visto influenciado por diferentes movimientos socioeconómicos del mundo a lo largo de su historia. En un principio se pretendía que el país continuara siendo un campo de explotación en beneficio del capital extranjero, sin embargo, la Revolución Mexicana opto por otro esquema, el de aspirar hacer de México una nación económicamente independiente.
El nacionalismo económico y la reforma agraria se establecen como pilares base de la constitución de 1917. Los artículos 25, 26, 27 y 123 dan una clara muestra de ese nacionalismo. Al inicio no hay cambios apreciables, sólo hasta el mandato de Lázaro Cárdenas se hacen efectivos los lineamientos de la carta magna. Se expropian los grandes latifundios, se nacionalizan el principal medio de transporte, los ferrocarriles y la principal fuente de energía, el petróleo. No obstante, la participación del Estado en estos dos rubros de amplio impacto económico, es hasta 1960 cuando la industrialización se consolida con una industria flexible poco diversificada pero dependiente en gran medida de inversiones de capital y tecnología extranjera.
El gobierno mexicano aporta un conjunto de condiciones favorables para la inversión extranjera: Abundantes materias primas, mano de obra barata, energéticos, transportes, estabilidad política, sistema de impuestos y legislación favorable. Sin embargo, el sector petrolero y eléctrico, que constituyen el centro motriz de la actividad industrial, presenta algunas deficiencias que se suplen paulatinamente. Al incrementarse la actividad industrial y las necesidades de una creciente población se hizo necesario multiplicar la generación de energía eléctrica, construyéndose grandes centrales eléctricas a partir de los años 50. El mayor porcentaje de esta energía fue generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal creada en 1960 al ser nacionalizada la industria eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos. Desde los años 80 la CFE genera el 90% de la energía eléctrica del país.
Los centros principales de generación eléctrica en México desde 1980 emplean como centrales eléctricas las que operan con: Vapor convencional, turbogas, hidroeléctricas, carbo eléctricas, geotermo eléctricas, termoeléctricas, ciclo combinado y combustión interna. En 1985 caen los precios del petróleo y la inflación era aún muy superior a la de los socios comerciales provocando una fuerte devaluación en 1987. Aunado a esto, desde 1986 se sabía que las reservas de petróleo, gas y carbón serían insuficientes para satisfacer la demanda de electricidad de un país industrializado.
Teniendo en cuenta lo anterior, en varios países se opto por el uso de la energía nuclear para generar energía eléctrica. En México la primer planta núcleo eléctrica se construyo en Laguna Verde, Veracruz. Su puesta en servicio se inicio en 1988 con una capacidad instalada de 1.35 GW, provocando serias controversias por los riesgos de un posible accidente nuclear. Motivo por el cual el gobierno de Carlos Salinas, 1988 a 1994, dio poca difusión a la núcleo eléctrica para no incrementar el descontento social por la privatización de las empresas públicas; en 1988 había 422 empresas paraestatales, para 1994 quedaban 215.
Las políticas fiscal y monetaria implementadas por Salinas lograron la estabilidad macroeconómica, mientras que las políticas estructurales lograron la reducción de costos de producción y de los precios. Dando como resultado la reducción en la inflación y un ligero crecimiento económico. La apertura de comercio exterior se consolido con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con otros países, entre los que destaco el tratado con Estados Unidos y Canadá. Entre 1991 y 1992 el gobierno reprivatizó 18 bancos comerciales y permitió el establecimiento de nuevos bancos. En 1994 el gobierno emitió bonos de la tesorería que luego hizo convertibles a dólares (Tesobonos) para sostener el tipo de cambio. Pero los problemas políticos de 1994, así como la pérdida de confianza de los inversionistas, provocaron una gran salida de capitales que orillaron al gobierno de Ernesto Zedillo a devaluar el peso hasta la mitad de su valor. Las reservas internacionales se erosionaron y la inflación y las tasas de interés se dispararon.
En 1995 el gobierno acordó con el sector obrero y empresarial un plan de emergencia económica que consistía en una política fiscal y monetaria restrictiva, así como el control de los salarios. En marzo el gobierno aumentó el IVA de 10% a 15%, incremento los precios de servicios públicos y disminuyo el gasto público. Estas medidas permitieron la recuperación económica del país pero a un costo social alto. Llegando al extremo de presentar a México a partir del año 2000 como un país de contrastes en la que su economía figura entre las primeras veinte a nivel mundial, y entre las últimas si se consideran los altos índices de pobreza y desigualdad social. El gasto del gobierno en proporción al PIB oscila entre 20 y 25 %.
Las empresas estatales contribuyen con cerca de 5% del PIB y el gobierno mantiene grandes facultades de regulación y control de actividades económicas estratégicas como lo es la explotación del petróleo que representa el 36% de los ingresos gubernamentales. Esta dependencia gubernamental es el principal indicador de la necesidad de realizar una reforma energética integral en la economía mexicana.